El cuento del peluquero del pueblo.

Cada vez que se plantea subir el salario mínimo, encarecer el despido o mejorar la protección por desempleo, la maquinaria mediática y política de las derechas activa la misma consigna victimista. Invaden los platós de televisión, las tertulias radiofónicas y los discursos parlamentarios con una imagen prefabricada: la del humilde peluquero del pueblo, la frutera del barrio o el fontanero de la esquina. Nos dicen que esos pobres autónomos no pueden asumir los costes de las cotizaciones a la Seguridad Social, que subir unos euros el salario mínimo abocaría al cierre a la peluquería de toda la vida y que pagar una indemnización por despido justa es una condena a muerte para el pequeño negocio local y un ataque a toda la economía nacional.

Es una obvia estrategia de manipulación masiva. Utilizan la figura “entrañable” del peluquero rural para despertar una empatía colectiva y, bajo ese manto de falsa solidaridad, justificar la desregulación y la erosión sistemática de los derechos de los trabajadores. Pero en Laboro vamos a desmontar este bulo pieza a pieza, igual que en otras muchas ocasiones en esta sección "desmontando".

El bulo funciona porque la gran mayoría de trabajadores se creen que ser autónomo y ser empresario con dos cosas distintas. Dice un chiste viejo: “pero ese cómo va a ser homosexual, si no tiene estudios y además es maric…" Pues esto es lo mismo: pero ese cómo va a ser empresario, si es peluquero y además es autónomo.

La realidad legal es que el Estatuto de los Trabajadores llama empresario a cualquier persona física o jurídica que organice y dirija la prestación de servicios de los trabajadores por cuenta ajena. El autónomo que contrata trabajadores es, a efectos de esa relación laboral, un empresario exactamente igual que lo es la mayor empresa del mundo. Además, la realidad práctica es que son poquísimos los autónomos que contratan personal directamente ellos como personas físicas. Mientras que no tienen trabajadores, sí que hay muchos que solo operan como autónomos; pero cuando quieren dar el paso de contratar trabajadores, casi todos crean una empresa o sociedad unipersonal para hacerlo.

Naturalmente, existen diferencias en las formas legales y digamos que en los temas de “papeleo” en la gestión del negocio como autónomo o como empresa o sociedad. Pero eso no convierte al autónomo en una categoría distinta de empleador ni permite presentar sus intereses como necesariamente opuestos a los de las grandes empresas. Cuando se reclama que sea más barato contratar, despedir o cotizar, se está reclamando una reducción de costes para quien emplea trabajo, sea un autónomo o una gran compañía. La manipulación de la falsa distinción entre autónomo y empresario, que tanto se utiliza en estos discursos liberales, tiene como objetivo presentar a los autónomos y a los trabajadores como si formaran parte del mismo colectivo cuando interese hablar de costes y sacrificios, pero presentar al empresario junto a las grandes empresas en otro colectivo diferente de los autónomos cuando interese hablar de los beneficios y las ventajas. O al menos intentar colar que haya tres grupos: por un lado los trabajadores, por otro lado los empresarios y por otro lado los autónomos, en una especie de escalón intermedio. Nunca presentar a los autónomos en el mismo grupo que los empresarios.

Pero la realidad legal y práctica es que ni los autónomos forman parte del mismo colectivo que los trabajadores y menos aún existen tres colectivos. Un autónomo no es un trabajador. Un autónomo trabaja, un empresario trabaja, pero ninguno de los dos son trabajadores. La diferencia no es cuánto se gana ni cuántas horas se trabajan, sino quién manda, quién despide, quién puede cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo y quién le dice a Hacienda cuánto ha ganado. La diferencia es quién es la parte débil y quién es la parte fuerte en una relación laboral. La única diferencia de fondo es ser trabajador por cuenta ajena o ser trabajador por cuenta propia. Por tanto, no hay tres escalones o niveles: trabajadores, autónomos y empresarios. Solo hay dos: trabajadores (por cuenta ajena) y empresarios (autónomos o societarios). Cuando la derecha legisladora o tertuliana exige flexibilizar el despido, recortar la protección social o rebajar la presión fiscal para ayudar al peluquero, no está pensando en la sostenibilidad de la barbería del pueblo. La intención real es reducir los costes operativos y las obligaciones laborales de Inditex, Mercadona y el sector bancario. Utilizan al pequeño autónomo como escudo humano para blindar y aumentar las ganancias de las personas físicas más ricas. Es tan sencillo como eso.

El argumento defensivo del sector ultraliberal sostiene que si un pequeño autónomo no puede pagar los salarios fijados legalmente o las cotizaciones correspondientes, la solución pasa por rebajar la ley a la medida de su incapacidad. Pero este planteamiento es una aberración económica y ética. Hagamos una analogía sencilla: si un ciudadano no tiene recursos suficientes para comprarse un vehículo, nadie asume que tenga derecho a que el concesionario le baje el precio por decreto, y mucho menos a que el Gobierno le subvencione la compra con dinero público. Un negocio que únicamente resulta viable mediante la explotación de sus empleados, el pago de salarios de miseria o la privación de derechos básicos como la indemnización por despido, no es un negocio rentable; es un modelo sustentado sobre la precariedad ajena. Contratar a un trabajador supone tener a una persona a disposición del autónomo o empresa digamos que 8 horas diarias 5 días a la semana, que no se puede ir de vacaciones a no ser que se lo autoricen y que puede ser despedida en cualquier momento. Recordemos que el despido en Españistán no es libre, pero sí que es muy barato y además se puede hacer completamente libre y aún más barato mediante el truco del “despido Hacendado”. Tener a una persona en estas condiciones no solo tiene que ser caro, sino que tiene que ser lo más caro. ¿Que un autónomo no lo puede pagar? Pues que trabaje él solo. El hecho de que quiera contratar a un trabajador indica que ya gana dinero de sobra para vivir él solo de su trabajo y que solo pretende ganar más dándole servicio a más clientes, así que no tiene derecho alguno a que le permitan que le cueste menos contratar a trabajadores.

Todo esto suponiendo que sea cierto que realmente los autónomos no puedan pagar salarios, cotizaciones y despidos. Pero quizá haya por ahí algún fontanero, cerrajero, frutera o incluso peluquera de pueblo a los que se les olvide emitir factura de todos los servicios o ventas que hagan; o que se les olvide meter todas las facturas emitidas en sus declaraciones trimestrales; o que se equivoquen y metan como gastos de actividad sus gastos personales, incluida la compra y mantenimiento de sus propios vehículos y viviendas; o que defrauden a la Seguridad Social porque sigan trabajando de extranjis mientras cobren prestaciones de maternidad o paternidad, incapacidad temporal, incapacidad permanente o jubilación. O que trabajen en B mientras cobren subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Vete tú a saber.