Por qué algunos partidos políticos no quieren empleados públicos.

Como en todos los veranos desde hace ya bastantes años, los dos temas laborales “de moda” son los riesgos laborales que ocasionan el calor excesivo y los incendios forestales. Pero quizá no todos los laboreros hayáis captado que ambos asuntos están relacionados con una causa política común. Además de que esa misma causa afecta también a muchos otros asuntos que no salen en la tele porque, normalmente, ni se quema nada ni se muere nadie en esos otros asuntos.

Estamos hablando de la curiosa alergia que tienen algunos partidos políticos a contratar empleados públicos y pagarles los correspondientes salarios públicos para ciertas tareas. Es hablar de ello y les sale el sarpullido comunista, porque para algunos partidos es comunismo todo aquello que no les deje hacer o no hacer lo que les de la gana.

Es más curioso aún que esos mismos partidos políticos compatibilicen esa alergia a los empleados públicos con un gran gusto por las contratas o subcontratas. Esos partidos no pretenden reducir el gasto público dejando de hacer ciertas tareas, que consideren innecesarias o fuera de las competencias de la administración pública de la que se trate. No es eso, sino que prefieren contratar a una empresa privada, que a su vez contrate a unos trabajadores que hagan esas tareas, en vez de contratar directamente a esos trabajadores como empleados públicos para hacer esas tareas. Digamos que, para esos partidos, el empleado público es síntoma de la enfermedad del comunismo y la contrata es la medicina.

También es muy ilustrativo fijarse en cuáles son las tareas que esos partidos suelen considerar como preferentes para la contrata en vez de para los empleados públicos. Curiosamente, suelen ser las tareas de menor nivel salarial, es decir las tareas en las que la empresa contratada pudiera pagar menos a los empleados que cogiera: los barrenderos, las limpiadoras, los jardineros, los socorristas, los vigilantes… Esto podría tener dos ventajas fundamentales.

• La primera ventaja sería que se crearía un margen de beneficio mayor para la empresa contratista. Además de que se podría aumentar aún más ese margen si la empresa contratista aplicara unas condiciones ilegales de trabajo a sus empleados. Porque esos trabajadores, normalmente, no serían de los que fueran a montar o seguir una huelga, ni de los que fueran a quejarse ni menos aún a demandar por hacer horas extras ilegales, por hacer trabajos de categoría superior no remunerada, por falta de descansos o por correr riesgos laborales no previstos o cubiertos. Al aumentar el margen, también podrían aumentar las posibilidades de pedir una comisión, una mordida, o de que metiera el cucharón en la sopera el político, el partido o incluso el funcionario jefecillo que decidiera esa contrata. O incluso que las empresas contratistas ofrecieran directamente la cuchara antes de que la sacara el otro comensal. En soperas más grandes caben cucharones más grandes.
• La segunda ventaja es que esas tareas no requieren que la empresa contratista haga nada especial salvo contratar a los trabajadores, encargarse de sus nóminas, SS, etc. y ponerlos a disposición de la administración. O sea que puede hacerlo cualquier empresa, incluso una empresa ficticia creada el día de antes. ¿Qué hace falta que tenga o que haga una empresa de limpieza, de vigilancia, de jardinería o de socorrismo? Pues nada, contratar al barrendero, a la limpiadora, al ordenanza, al jardinero y mandarlos a currar al Ayuntamiento. Quizá le proporcionarían alguna camiseta o algún tipo de uniforme o un material de trabajo más que sencillo, que a veces incluso lo pondría la administración de la que se tratara. Como eso lo podría hacer cualquiera, también podrían aumentar las posibilidades de que el político, partido o funcionario jefecillo contratara a la empresa del amiguete/familiar o incluso que el amiguete/familiar montara una "empresa" al efecto.

La cuenta es sencillísima. Por ejemplo, simplemente se podrían sumar todas las facturas que la empresa de limpieza le metiera anualmente al Ayuntamiento y dividir esa suma por el total de horas efectivas de trabajo que hubieran realizado las limpiadorasde esa contrata. De esa forma se obtendría el coste efectivo por hora de trabajo con la contrata, que llamaremos A. Del convenio del personal laboral del Ayuntamiento podríamos obtener el coste salarial por hora, que habría que aumentar con el coste de las cotizaciones a la SS. De esa forma obtendríamos el coste por hora con contratación directa del personal, que llamaremos B. ¿Qué cantidad es mayor, la A o la B?

¿Cómo se explicaría que fuera mayor, o incluso mucho mayor, la A que la B? A lo mejor se podría explicar teniendo en cuenta que, normalmente, un empleado público no paga comisiones o mordidas de su sueldo, pero quizá sí que se le puedan pedir mordidas a las empresas contratistas. Pero seguro que no sería por eso que la A fuera mayor que la B, porque España es una democracia consolidada. Si fuera mayor la A que la B, lo primero es que se sabría seguro, porque los medios de información en España están para informar y no para favorecer al poder político. Cuando se supiera, los españoles dejarían de votar al partido implicado, que menudos son los españoles cuando se ponen a votar, que tienen un peligro…