¿Dónde acaba el dinero de las subvenciones y las afiliaciones a los “sindicatos”?

Recientemente demostramos con datos oficiales y públicos que a CC.OO. y UGT les han dado cientos de millones de euros en subvenciones en los últimos 4 años. Por otro lado está el dinero que entra en estos “sindicatos” procedente de las cuotas de sus supuestos “afiliados”. Por lo que la pregunta de los cientos de millones de euros es dónde acaba ese río de dinero.

Vamos a empezar con que los trabajadores entendáis cómo funciona este tema de las famosas subvenciones de forma muy resumida, aunque se utilicen de forma legal.

1. Supongamos que un organismo público concede, en un año concreto, un millón de euros de subvención a un “sindicato” o fundación para impartir formación a los trabajadores.
2. Si la subvención es al “sindicato”, este le dona el dinero a la fundación que él controla y que se creó específicamente para impartir esa formación. También es posible que la subvención la pida y la cobre la fundación directamente. Se usan fundaciones porque cuentan con numerosas exenciones fiscales, ya que se supone que invierten sus recursos en actividades de interés general que, de otra forma, deberían atenderse con recursos públicos y financiarse a través de impuestos. Además, quien done dinero a las fundaciones puede tener deducciones en sus impuestos.
3. Si la fundación no tiene personal o medios suficientes, puede contratar a una empresa privada externa para que imparta la formación, o le puede alquilar aulas y ordenadores, o le puede comprar libros y material para impartir el curso…
4. El “sindicato” le dice al organismo que le dio la subvención que los gastos propios y los gastos de contratar a esa empresa externa le suman un millón de euros. De esa forma se supone que la subvención queda justificada, ya que la fundación no se puede quedar con ninguna diferencia o beneficio.

Es evidente que este mismo mecanismo se podría usar para otras subvenciones cuyo objeto no fuera la formación de trabajadores, sino otro diferente. Incluso hay subvenciones que no tienen una finalidad especial, sino que se dan a los “sindicatos” solo por ser sindicatos en función de las elecciones sindicales que hayan ganado. Lo importante sería pensar o saber quiénes fueran las personas físicas que se pudieran beneficiar económicamente de las subvenciones, incluso aunque no hubiera fraude.

En primer lugar se podrían beneficiar los “dueños” de esas empresas privadas, que habrían obtenido su margen de beneficio o diferencia entre el coste y el ingreso. Por ejemplo, nadie podría impedirles a esas empresas que le facturaran al “sindicato” o a sus fundaciones el triple de lo que les hubiera costado ejecutar lo que les hubieran encargado. En segundo lugar, también se podrían beneficiar las personas contratadas por el “sindicato” o por sus fundaciones que cobraran sus salarios y cotizaciones con cargo a las subvenciones.

Por tanto, la pregunta de los cientos de millones de euros anuales es quiénes son los que tienen la suerte de ser “contratados” por los “sindicatos” y/o sus fundaciones, cómo se les selecciona, cuánto cobran, desde hace cuánto tiempo… Sobre todo en caso de que algunos de los contratados llevarán ya tranquilamente 20, 30 o incluso 40 años dando vueltas por el “sindicato”, sus federaciones o fundaciones, ahora contratados allí, ahora contratados allá…

Especialmente cabría preguntarse quiénes fueran los administradores de las empresas externas que tuvieran la suerte de ser las proveedoras de bienes o servicios a los “sindicatos” y/o a sus fundaciones, siguiendo hasta el final la posible cadena de contratas y empresas administradas por otras empresas. Sobre todo en caso de que esas empresas fueran casi siempre las mismas en cada territorio y/o en caso de que fueran simples intermediarias comisionistas, limitándose a subcontratar a otras verdaderas empresas profesionales que hicieran realmente los trabajos.

Las mimas consideraciones y preguntas se podrían hacer con el dinero procedente de las afiliaciones. A lo mejor es que hay quien se cree que el dinero de las afiliaciones, por no ser público, no requiere de justificación detallada ante los propios afiliados. ¿Dónde va ese dinero? ¿Qué parte de ese dinero acaba en forma de salarios y cotizaciones de sindicalistas y “sindicalistos”? ¿Cuánto se emplea en pagar facturas a empresas externas? ¿Qué empresas son esas y de quién son?